La Coalición Cívica Corrientes destaca la lucha antinarco del gobierno nacional
La Coalición Cívica Corrientes destaca los operativos antinarco en la localidad de Itatí impulsados por el Gobierno Nacional, la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad.
Éstos responden directamente a la promesa de campaña del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de derrotar al narcotráfico, y sólo una muestra de ello es que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta hoy se incautaron más toneladas de drogas y se apresaron más narcos porque hay una decisión política de ir a fondo.
En 12 años de gobiernos del Frente para la Victoria (FpV) el narcotráfico creció y se instaló en la Argentina, y lo más grave es que ya hay barrios y ciudades tomadas tanto en el conurbano bonaerense como en el interior del país. Y lamentablemente Corrientes no es la excepción, como lo demuestran los hechos ocurridos en Itatí en los últimos días.
El intendente, el vice, el comisario y otras 25 personas -entre quienes hay funcionarios, policías y gendarmes- están detenidos por supuestas implicancias con el tráfico de drogas. Serán indagados y la Justicia determinará qué hacer con ellos. Sin embargo, el hecho de que hayan sido separados de sus cargos y estén siendo investigados es un dato destacable porque cuando gobernaba el FpV era impensado un gran operativo en el que cayeran los poderosos y sus cómplices.
A nivel político, los dos líderes del FpV local, Fabián Ríos y Camau Espínola, deben hacerse responsables de lo que ocurrió con el intendente Richard Terán, quien ya era el candidato del consenso peronista a la reelección en Itatí.
El nexo político es ineludible, así como a nivel nacional pasa con las causas del triple crimen de General Rodríguez y el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner de 2007, ambos vinculados al tráfico de efedrina y denunciados por Elisa Carrió en 2008.
Ríos y Camau, así como los legisladores nacionales y provinciales del FpV, no deben encubrir ni a Terán ni a ninguna de las personas que están involucradas. Deberían, al contrario, facilitar la investigación judicial y rendir cuentas a la ciudadanía respecto a su silencio en el caso Itatí. También deben explicarnos por qué no dijeron nada cuando las fuerzas federales fueron trasladadas de nuestras fronteras a Buenos Aires, liberando la zona y desprotegiéndonos.
Duele lo que pasa, así como la estigmatización del pueblo itateño, pero es necesario que esto se exponga para poder combatirlo.
Caerán los que tengan que caer porque este negocio sostiene a sectores políticos y económicos locales a costa de robarle el futuro a nuestros jóvenes o, peor, matándolos.
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